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Las 500 empresas de ASINEM piden parar su actividad hasta tener equipos de protecciónn

  • Los empresarios recuerdan que el Decreto de Estado de Alarma obliga a seguir funcionando a 1300 empresas del sector en Baleares sin tener equipación correcta.

Desde Asinem, Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares, entidad que representa a más de 500 empresas y autónomos establecidos en las Islas se ha querido denunciar ante todos los representantes de la administración, la realidad laboral de nuestro sector en tiempos de COVID-19.

Esta asociación representa a empresas dedicadas a sectores como  Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones, Clima, Protección Contra Incendios, Energías Renovables, Gas y Fontanería.
Las empresas aseguran que “no queremos ser un canal más de propagación del coronavirus en nuestra sociedad y consideramos por responsabilidad social y patronal que se deben tomar medidas urgentemente para garantizar la protección de los trabajadores que a diario salen de sus casas para atender urgencias de suministros o acuden a obras dónde conviven con otras empresas.

Aseguran también que “cada día se pone en riesgo la salud de miles de trabajadores de nuestro sector, sus familias, el personal sanitario que los atiende y las fuerzas y cuerpos de seguridad que comprueban cada día a dónde se dirigen”.
 
Los empresarios recuerdan que el decreto de Estado de Alarma obliga a seguir funcionando a 1.300 empresas del sector en Baleares garantizando unas medidas sanitarias.

En cambio, aseguran que “la intervención por parte de la administración de los equipos de protección hace imposible equipar a las empresas instaladores de las EPIS necesarias para cumplir con las medidas de seguridad e higiene mínimas establecidas por sanidad. Los proveedores de las Islas no pueden abastecer a las empresas”.

 Por este motivo los empresarios “piden que se paren todas las obras de instalaciones Eléctricas, Clima, Protección Contra Incendios, Energías Renovables y Telecomunicaciones no urgentes hasta que la administración nos garantice el suministro de los equipos de protección necesarios para cumplir con las medidas de seguridad e higiene mínimas establecidas por sanidad”.

En este sentido se reclama que “solo se permita realizar averías, mantenimientos o emergencias, para poder atender a los servicios básicos como sanidad, infraestructuras críticas, administraciones, viviendas y cualquier otro que la administración haya asignado como crítico”.  

Además piden que “el sector de las empresas instaladoras se incluya en las medidas de emergencia como sector con posibilidad de ERTE y líneas de financiación por fuerza mayor debido a que gran parte de los instaladores trabajan para particulares, hoteles, restaurantes y comercios que al verse obligados a confinarse y cerrar ha provocado caídas de hasta el 90% en el trabajo”. Dichos profesionales, no están incluidos en RD 7 y 8 como sector con posibilidad de ERTE por fuerza mayor, no están incluidos en las líneas de financiación y ven como los costes fijos siguen consumiendo sus pocos recursos a diario sin ver soluciones.

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