Las ventas de vehículos eléctricos puros crecieron un 109,1% en enero, hasta situarse en 2.840 unidades, según los datos estimados por Aedive y Ganvam, pero están aún lejos de las previsiones del Gobierno para este año, cuyo objetivo de Transición Ecológica para 2020 se cifra en alcanzar las 65.000 unidades, triplicando así los resultados del año anterior.

Las ventas de turismos eléctricos subieron un 171,5%, con un total de 1.618 unidades, frente a las 597 unidades del mismo mes del año 2019, lo que demuestra que la nueva legislación europea que obliga a que el mix de matriculaciones medias por fabricante no supere los 95 gramos de CO₂ por kilómetro ha impulsado este tipo de modelos cero emisiones para ayudar a la consecución de objetivos. Los comerciales ligeros, por su parte, cayeron un ligero 1 %, con un total de 190 unidades, mientras que las motocicletas, con un volumen de 132 unidades, y los ciclomotores, con 882 unidades, registraron un incremento del 116% y del 79%, respectivamente al cierre del pasado mes.

Para alcanzar los objetivos previstos para 2020, Ganvam y Aedive consideran necesario poner en marcha un plan de acción que permita acelerar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico en el parque automovilístico español, lo que pasa por un replanteamiento de los planes de ayudas. Por ello han propuesto, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, diez claves para mejorar la eficacia del Moves, divididos en bloques relativos a las exigencias de achatarramiento, el precio de compra de los vehículos o la revisión del funcionamiento territorial de las ayudas, entre otros.

Con respecto a la obligatoriedad del achatarramiento consideran que es una medida que funciona muy bien con los motores de combustión tradicional, pero no cuando se aplica con los coches eléctricos porque las empresas, que son las que compran estos vehículos, no disponen de modelos para achatarrar. Esta exigencia provoca que las líneas autonómicas para la adquisición de vehículos se agoten a un ritmo menor del esperado. Por otro lado, plantean la necesidad de elevar el precio límite fijado para la compra del vehículo, ya que ahora sólo beneficia a vehículos eléctricos con poca autonomía. En su defecto son partidarios de que el modelo más económico de cada marca pueda acceder a las ayudas. También son partidarios de agilizar los trámites (concesión de licencias de obra, etc.) para poder cumplir con el plazo de justificación necesario para percibir la ayuda.

Unificar criterios autonómicos, por ejemplo en lo relacionado con disponer de un calendario preciso para la presentación de solicitudes en cada una de las comunidades autónomas, que ponga fin a la arbitrariedad actual. Contar con margen suficiente para recopilar la documentación necesaria garantizaría un procedimiento más equitativo para los solicitantes. Igualmente solicitan que se unifiquen los formularios de solicitud y homogeneizar el período de justificación una vez concedida la ayuda. También solicitan mejorar la operativa de envío de solicitudes para hacerla más ágil, así como un canal común para la gestión de la subvención. Por último reclaman también la aceptación de Acuerdos Marco, ya que se dan casos de comunidades que solicitan hasta tres proveedores distintos para cada una de las partidas contempladas en los presupuestos. En cuanto al solicitante, éste debería ser siempre el beneficiario de la ayuda y no que la solicitud deba hacerla el instalador, como ocurre en Andalucía, Madrid y Galicia, hecho que ralentiza y dificulta el proceso y puede retrasar la adjudicación.

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