La nueva Ley de Cambio Climático abre todo un universo de expectativas en el sector eléctrico
El Consejo de Ministros ha refrendado la nueva Ley de Cambio Climático cuyo borrador ya está listo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de una herramienta cuyo objetivo primordial es “construir una economía y una sociedad menos vulnerables, más seguras y resilientes a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticipar, responder y adaptarse a un clima cambiante.
Hacia la neutralidad climática
El texto de la Ley de Cambio Climático reúne los siguientes objetivos para alcanzar la neutralidad climática y subraya que sólo podrán ser revisados al alza:
– Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100 % renovable.
– Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50 % y el 55 % de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
– Al finalizar la próxima década, como mínimo 35 % del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70 %.
– Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35 %.
Las herramientas a través de las cuales se implementarán estos fines vendrán determinadas por medio de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74 % y la eficiencia mejorará en un 39,5 %.
Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8 % en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.
Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, se diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación, con el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética y también a través de la participación de los agentes sociales y económicos, y del público, que estará garantizada en los diferentes planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático.
Estará basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía para ofrecer previsibilidad y estabilidad en los ingresos, y se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.
En la misma línea la La Ley de Cambio Climático establece que los Presupuestos Generales del Estado destinarán al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética
El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC. Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
Movilidad sostenible
El conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos CO2/km.
Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Asimismo, impulsarán también la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.
Implantación de puntos de recarga
La Ley de Cambio Climático potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. Se programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10 % de la red. Además, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025. Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.
Desinversión energética en tecnologías fósiles
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad. En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.
Fuente: Instaladores 2.0