COVID-19: Los instaladores de Baleares y Cataluña exigen equipos de protección individual (EPI)
- Conscientes de que primero hay que abastecer “adecuadamente” a otros sectores, como el sanitario, piden “que se permita la distribución de EPI a aquellas empresas instaladoras que garantizan el correcto funcionamiento de las infraestructuras”.
La falta de Equipos de Protección Individual (EPI) para cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y evitar la propagación del COVID-19 está suponiendo un grave problema para el sector de los instaladores. Su actividad está considerada un “servicio esencial”, por lo que las empresas instaladoras deben “seguir prestando los servicios esenciales que les son propios”, tal y como recoge el Real Decreto por el que se establecía, el pasado 14 de marzo, el estado de alarma.
Pero dada la actual coyuntura de emergencia sanitaria, que imposibilita la adquisición de los EPI necesarios por parte de las empresas instaladoras para que sus trabajadores puedan realizar su actividad en las condiciones mínimas exigidas de seguridad e higiene para evitar el contagio, colectivos como el que agrupa la Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares (ASINEM) o la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGiCAT) están denunciado esta situación.
Conscientes, sin embargo, de que primero hay que abastecer “adecuadamente” al sector sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o a otros sectores como el de la alimentación y la industria farmacéutica, piden, como es el caso de ASINEM, “que se permita la distribución de EPI a aquellas empresas instaladoras que garantizan el correcto funcionamiento de las infraestructuras” o que se les autorice a “cesar su actividad”, teniendo acceso a las mismas ayudas que otros sectores, “hasta que la administración nos garantice el suministro de los EPI”, plantea la asociación balear.
La situación de los instaladores “es crítica”
En Cataluña, por ejemplo, el presidente de FEGiCAT, Jaume Alcaide, ha alertado de que el sector está pasando por una “situación crítica”. Como el Real Decreto del 14 de marzo incluía al sector de los instaladores entre los considerados “operadores críticos de servicios esenciales” y estos deben continuar con su actividad, los operarios “trabajan sin las medidas básicas de protección” al no disponer de EPI y “es necesario -añade- que trabajen con las garantías necesarias”.
ASINEM, por su parte, insta a las instituciones y al Gobierno de Baleares (y lo ha hecho por carta) a que se adopten “medidas urgentemente para garantizar la protección de los trabajadores que salen a diario de sus casas para atender urgencias” de suministros básicos como la luz, el agua, el gas o la calefacción, o que acuden a obras en las que “conviven con otras empresas”.
Cada día, según ASINEM, “se pone en riesgo la salud de miles de trabajadores de nuestro sector, de sus familias, del personal sanitario que los atiende, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que comprueban a diario a dónde se dirigen”. Por ello, exigen “que se paren todas las obras de instalaciones eléctricas, clima, protección contra incendios, energías renovables y telecomunicaciones que no sean urgentes” hasta que se disponga de los EPI necesarios para garantizar la salud de los trabajadores.
Y es que, según describe la Asociación balear, hay dos aspectos que se deben tener en cuenta en relación con el tipo de trabajo que realizan los instaladores. Por un lado, y al tratarse de un sector vinculado al de la construcción y las empresas auxiliares, los empresarios y autónomos se encuentran con la dificultad de proteger a sus empleados “en obras en las que se comparten baños móviles, y en la que no tienen acceso a soluciones hidroalcohólicas o lavabos para lavarse en condiciones higiénicas”.
Finalmente, hay que tener en cuenta que gran parte del personal instalador trabaja bajo riesgo eléctrico o riesgo químico, lo que les obliga, en muchos de los casos, a trabajar en pareja y mantener una concentración absoluta para no cometer errores que pongan en peligro su vida, concentración y serenidad que se ven comprometidas “por la falta de EPI”, concluye la Asociación.
El problema del cese de actividad de los instaladores
En las cartas que ASINEM ha enviado a instituciones y al gobierno autonómico, y que ha hecho llegar a ‘Cuadernos de Material Eléctrico’, la Asociación también plantea otros problemas a los que se están enfrentando el sector de los instaladores, entre ellos el derivado de la imposibilidad, de acuerdo con el Real Decreto, de que las empresas instaladoras puedan cesar su actividad como otros sectores que no entran dentro de la consideración de “servicios esenciales”.
A modo de ejemplo, FEGiCAT informa de que el 70,85 % de las empresas instaladoras de Cataluña ha perdido más de un 75 % de su actividad desde la aplicación del estado de alarma el pasado 14 de marzo, y el 19 % de los instaladores catalanes han perdido entre un 50 y un 75 % de dicha actividad. Estos datos, extraidos de una encuesta elaborada por FEGiCAT, y a la que han respondido más de 1.400 empresas adheridas a la entidad, ponen de manifiesto que también el de las empresas instaladoras está siendo un sector con pérdidas económicas debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria.
En el caso de Baleares, ASINEM ha informado de que gran parte de los instaladores que trabajan para domicilios particulares, restaurantes, comercios minoristas y hoteles (establecimientos obligados a cerrar por aplicación del Real Decreto del 14 de marzo) “han visto frenada su actividad entre el 90 y el 100 %“, y los que trabajan en obras también se están viendo afectados por el cierre de algunas de ellas.
Pero como no forman parte de un sector que se vea obligado a ‘cerrar’, atendiendo a lo marcado por el Real Decreto, no puede acceder a las ayudas económicas que ha prometido el Ejecutivo. Así las cosas, ASINEM reclama, como también han hecho la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones (FENIE) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores (CONAIF), que las empresas instaladoras también puedan acogerse a los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) por fuerza mayor, debido a la gran caída de la demanda y el riesgo que corren a diario sus trabajadores”.
Fuente: Cuadernos de Material Eléctrico
